En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha defendido que el ingreso mínimo vital, cuyo coste se eleva a unos 3.000 millones de euros al año con cargo a los presupuestos generales del Estado, constituye "una muestra más de la sensibilidad del Gobierno central". "Escuché a Pedro Sánchez que no iba a dejar a nadie atrás y quizá esta es la medida más evidente de ello", ha enfatizado.
"Es un acierto, para el cual el Gobierno de España volverá a confiar en los servicios sociales de los ayuntamientos para el estudio y la concesión de esta prestación", ha indicado, remitiéndose al borrador de la regulación promovida para esta medida.
Al respecto, después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamase al Gobierno central que hable con las comunidades autónomas y los ayuntamientos sobre la gestión del ingreso mínimo vital porque "la cogobernanza tiene que ser eso", y de que el Ejecutivo haya pactado con el PNV que las autonomías de País Vasco y Navarra tramiten esta prestación, Villalobos ha criticado que Juanma Moreno pida "para sí" la gestión de esta ayuda.
LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS SON UN "REFERENTE"
"De esa manera, se infravalora la gestión de las coberturas sociales por parte de los ayuntamientos y un trabajo desarrollado durante décadas, que ha puesto siempre a los servicios sociales comunitarios como referente en Andalucía", ha señalado el dirigente socialista en respuesta a Moreno, que de su lado demanda que los municipios y las comunidades autónomas cuenten con antelación con toda la información sobre esta medida, insistiendo en la "cogobernanza".
"Moreno se equivocó con la tarjeta monedero, obviando a los servicios sociales municipales en su gestión y ahora hace exactamente lo mismo", ha aseverado Villalobos, confiando en los servicios sociales comunitarios "porque son los que conocen la realidad de quienes conviven en cada término municipal".
"Espero que no haya problemas en que se gestione como una parcela más del municipalismo", ha enfatizado sobre el ingreso mínimo vital, toda vez que Cataluña o Galicia han reclamado igualmente la gestión de esta prestación y la Generalitat Valenciana la "cogestión".
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